El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”. El objetivo principal es reformar las Leyes 142 y 143 de 1994 para garantizar la prestación eficiente y justa del servicio, con énfasis en la reducción de las tarifas.
La propuesta busca modernizar el marco regulatorio y fortalecer la sostenibilidad del sistema, introduciendo cambios cruciales:
- Prohibición de Cobros Ajenos al Servicio: Se prohíben explícitamente los cobros que no correspondan al consumo energético en la factura, buscando mayor claridad y protección al usuario.
- Justicia Tarifaria y Esquemas Diferenciales: La viceministra Karen Schutt señaló que el proyecto busca garantizar la justicia tarifaria a través de esquemas diferenciales que permitan prestar el servicio de manera equitativa en todo el territorio nacional.
- Subsidios y Vulnerables: Se redefinen los criterios para la entrega de subsidios, buscando mayor transparencia, y se establecen tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias limpias.
- Mitigación de la Opción Tarifaria: Se proponen mecanismos para distribuir solidariamente los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables por la “opción tarifaria”.
- Democratización de la Creg: Se busca la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
- Fondos Regionales: Se crean fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones de hasta el 2% a los territorios para proyectos sociales y reducción de la pobreza energética.
- Comité Consultivo Ciudadano: Creación de un comité para garantizar la participación ciudadana en los procesos regulatorios.
El ministro Palma afirmó que esta regulación es la base de la justicia energética, buscando un sistema que combine “sostenibilidad, solidaridad y transparencia”.
